La AMPDA exige la destitución de Ricardo Sánchez Pérez del Pozo de la FEADLE

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La Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos, no toleramos la burocracia en el manejo de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, por ello, exigimos a la Fiscalía General de la República, el cese del encargado de la fiscalía; de Ricardo Sánchez Pérez de Pozo.

Creemos en que un aparato que procura justicia y defensa para quienes ejercen la Libertad de Expresión y el periodismo, debe ser alguien con convicción del cargo.

Al inicio de la actual administración, Sánchez Pérez del Pozo, se comprometió a respaldar y dar seguimiento a cada uno de los expedientes generados desde el asesinato de periodistas, además de las agresiones.

Sin embargo, hoy, la FEADLE continúa como un gran “elefante blanco”, sin dar resultados, o respuesta a las 259 carpetas de investigación por asesinato de periodistas desde el año 2000 a la fecha; sin incluir, los 3 agentes de la Libertad de Expresión que también han sido asesinados en estos primeros seis meses de Gobierno.

Consideramos que la FEADLE, en manos de éste funcionario, continúa estancada en el proceso de las investigaciones, y por consiguiente, sin resultados para el gremio periodístico, y hacia la sociedad en general.

Las condiciones en que trabajan los periodistas en zonas de alto riesgo dados los elevados índices criminales, colocan a México como el país más riesgoso para ejercer el periodismos, y este efecto no parece importarles como causa para una política de procuración de justicia más profunda hacia el asesinato de periodistas.

No hay iniciativas, no hay resultados, no existe acercamiento con el gremio, ni mucho menos un pronunciamiento que devele sinergia en los trabajos que se vienen haciendo desde los colectivos y asociaciones de defensa de periodistas.

Por ello, exigimos al Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, su destitución e instalación de un agente que atienda, y cumpla con los mandatos que exige una la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión; que los recursos de operación para la fiscalía sean bien aprovechados.

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