El Pleno Legislativo aprobó, con 82 votos, la ley especial para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno, en la que se mandata un conjunto de acciones o mecanismos encaminados a restituir derechos como seguridad a largo plazo, restitución de propiedades perdidas, entorno en el que puedan vivir en condiciones económicas y sociales dignas, facilitar acceso a recursos efectivos y justicia eficaz para las personas en tal condición.

De acuerdo al decreto legislativo aprobado, la ley incluye elementos esenciales como la creación de un Sistema Nacional de Atención y Protección Integral que será responsable de emitir, implementar y evaluar la Política Nacional de Prevención y Protección a personas en condición de desplazamiento forzado interno; Además, deberá articular planes, acciones entre los órganos de Estado, entidades e instituciones, públicas y privadas, con responsabilidades en la garantía del pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas desplazadas internamente.

Los legisladores establecieron además las fases del desplazamiento forzado interno, que incluyen: Atención con calidez y gratuidad, prevención, asistencia humanitaria, protección y soluciones duraderas como el derecho de optar al retorno, la integración o la reubicación; en ese sentido, el legislador Mario Tenorio (GANA), quien preside la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, señaló que esta es una herramienta jurídica novedosa y que tiene el objetivo de reconocer, garantizar y proteger los derechos, fundamentalmente, de las personas en condiciones de desplazamiento forzado.

En ese contexto, el diputado Ricardo Velásquez Parker (ARENA) comentó: “No hay razón porque un salvadoreño no pueda desplazarse libremente por el territorio, y eso requiere esta legislación, un trabajo coordinado de todas las instituciones gubernamentales. Me solidarizo con las personas salvadoreñas que sufren de desplazamiento, esperamos que la ley tenga una implementación, eficaz, sostenible y duradera para restablecer la situación familiar de armonía y convivencia.

La ley que contiene 35 artículos también otorga a la población desplazada una herramienta que le permitirá exigir sus derechos, y el diputado Javier Valdez (FMLN) advirtió que estarán vigilantes al cumplimiento de la ley, a la vez resaltó aspectos importantes para este sector: “enfatizo en la creación del registro único de personas desplazadas, el funcionamiento de albergues de atención y especialmente y la protección a la unidad familia que les permitirá su reunificación”.

El diputado Antonio Almendáriz (PCN) se refirió a que al aprobar la normativa “les estamos cumpliendo a las víctimas” y agregó: “Se debe garantizar su reubicación o retorno a sus lugares de origen y vivir en paz”, tal como consigna uno de los apartados de la ley sobre la designación al Estado para que garantice la protección contra la privación arbitraria, apropiación indebida, ocupación o destrucción de sus propiedades y/o posesiones, y, en su caso, a la restitución de sus derechos vulnerados en materia de tierras, vivienda y propiedad.

“Estamos totalmente de acuerdo con el espíritu de esta ley ya que somos fieles testigos de la cantidad de desplazamientos que existen en nuestro país en vista de la violencia que estamos viviendo y sabemos del sufrimiento que estas personas tienen al salir huyendo de sus propias casas”, sostuvo el diputado Arnoldo Marín (PDC).

Durante el debate, los parlamentarios reconocieron el apoyo técnico recibido de instancias como Cristosal, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre otros que brindaron sus aportes para la construcción de esta ley.

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