* El reportero Santiago Hernández había logrado documentar la continuación de los trabajos pese a la suspensión dictada por un Juzgado cuando un supuesto jefe de vigilancia le aseguro que si tomaba fotos podría “desaparecer» sin problemas para ellos.

*La suspensión a la que estaba obligado el hotel es histórica pues fue promovida por 23 menores de edad alegando violentar su derecho a un ambiente sano y fue otorgada por el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Cancún; la empresa ha continuado los trabajos y ahora se sabe que se sienten tan protegidos que pueden incluso lanzar amenazas de muerte contra periodistas.

*En la demanda interpuesta para frenar la construcción de la tercera etapa de ese hotel también están imputados por su colaboración u omisión en las acciones de la destrucción del entorno personajes como el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; la presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama y el director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en Quintana Roo, Gerardo Mora Vallejo, entre varios otros personajes de la política Estatal e incluso Federal.

Cancún, Quintana Roo, 3 de marzo 2020.- El clima de peligro e impunidad en que viven los periodistas en Quintana Roo y en México es aprovechado de manera vil por algunas entidades no sólo de gobierno sino empresariales y es ejercido por grises elementos que se saben amparados por el cobijo de esa impunidad que brinda el gran capital internacional y las autoridades de primer nivel como el gobernador de Quintana Roo o la Presidente Municipal de Benito Juárez.

Recientemente y debido a presuntos daños ambientales el Juez Séptimo de Distrito otorgó un amparo radicado con el número 74/ 2020 para detener la construcción de la tercera etapa del enorme complejo hotelero a fin de verificar “la destrucción” de la flora y la fauna endémica localizada en el sitio del Hotel Riu Riviera, una cadena de capital español y propiedad de la familia Riu Güel.

De una manera por completo condenable, la mala empresa decidió no atender el amparo del juez y continuar las obras como si la determinación judicial no existiera.

En esa situación, y respondiendo al compromiso con la verdad y su difusión responsable, es que el reportero Santiago Hernández, compañero de la Agencia Quadratín Quintana Roo, hizo lo necesario para llegar hasta la zona en que se incumplía el mandato del juez y documentar la continuación de los trabajos que no respetaban el amparo concedido contra la destrucción del ecosistema y la agresión al derecho de un ambiente sano contra los promoventes de la medida jurídica y preservacionista.

La mañana de éste martes 3 de marzo el reportero tomaba imágenes en la parte del exterior de la construcción que se realiza a la altura del kilómetro 21.5 de la zona hotelera de Cancún cuando varios sujetos de manera intimidatoria rodearon al comunicador para que de inmediato, quién se ostentó como jefe de seguridad, pretendiera despojarlo de su equipo de trabajo y aunque no lo consiguió -pues de inmediato se alejó el reportero- le espetó una ominosa amenaza de muerte:

“Si continúas tomando fotos, podrías desaparecer del mapa, no sabes dónde te estás metiendo, puedes terminar como muchos otros, sin que sepan sus rastros, es más: te podemos levantar y meterte a la obra y enterrarte en el cemento”.

Santiago Hernández es un reportero con varios años de trabajo y trayectoria entre la que se cuenta su colaboración con Quadratín Quintana Roo; debido precisamente a su desempeño ha recibido amenazas en el pasado reciente y actualmente está acogido al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, que entre las medidas otorgadas le brindó un llamado “botón de pánico» que desgraciadamente no es otro instrumento sino un anacrónico teléfono celular atendido desde la Ciudad de México y con múltiples fallas de señal y demoras en la respuesta. El reportero solicitó ayuda a través de ese aparato, aunque nunca recibió respuesta. Por fortuna pudo alejarse del lugar y ponerse a salvo por ahora; aunque las amenazas son enormes tomando en cuenta las autoridades que protegen a ese grupo empresarial y sus intereses económicos y políticos.

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